El exministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza, obtuvo su carta de libertad con la "Ley de Amnistía" aprobada por la junta directiva del Congreso Nacional (CN) que preside Luis Rolando Redondo Guifarro y con ello se convierte en el primer exempleado público del “Poder Ciudadano” en recibir dicho beneficio.
Cabe destacar que la Ley de Amnistía para los Presos Políticos y Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009 se aprobó el pasado 3 de febrero y dos días después fue publicado en el “Diario Oficial La Gaceta”. Con la carta de libertad Flores Lanza quedó absuelto de dos delitos: malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios durante su gestión en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009). El exfuncionario se mantuvo prófugo de la justicia durante varios años por ser acusado de extraer 50 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH) para financiar proyecto de la «Cuarta Urna».
El proyecto encontró una enorme oposición de varios sectores políticos, sociales y económicos, quienes alegaron que Zelaya Rosales planeaba legalizar la reelección presidencial y extender su mandato, argumento que sirvió para derrocar al titular del Poder Ejecutivo en aquel momento y enviarlo a suelo costarricense con su homologo Oscar Arias, premio Nobel de La Paz en 1987. Aunque la Cuarta Urna era un proyecto legal, permitido por el artículo 5 de la Constitución de la Republica que da espacio a la democracia participativa a través de los mecanismos de consulta como ser el plebiscito y referéndum, eso valió para que se produjera el Golpe de Estado ese año y posteriormente la persecución contra funcionarios de esa administración.
También, el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, fue beneficiado con la "Ley de Amnistía". El extitular de la estatal telefónica recibió una condena de ocho años por abuso de autoridad y fraude; además, nueve años de prisión por enriquecimiento ilícito, pero el pasado 3 de marzo fue absuelto de toda responsabilidad y dejado en libertad.
Es importante resaltar que el pasado miércoles 23 de febrero quedó en libertad José Antonio Meza Torres, el primer ciudadano hondureño preso político por el golpe de Estado, quien estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad del municipio de El Porvenir, en el departamento de Francisco Morazán, tras ser acusado de los delitos de incendio agravado y daños contra la propiedad.
Como era de esperarse que diversos sectores de la sociedad se opondrían a esa ley por considerarla “UN NUEVO PACTO DE IMPUNIDAD", así la calificó el ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana Mercado. Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitieron un comunicado en el advierten que hasta los delitos de corrupción serían PERDONADOS con esa ley.
El equipo (EL SOBERANO HN) recomienda al gobierno de Xiomara Castro de Zelaya tener cuidado con las personas favorecidas, ya que la dictadura nacionalista que recientemente abandonó el poder, después de la contundente derrota en las urnas el pasado 28 de noviembre podría utilizar más adelante esa excusa para sacar en libertad a aquellos funcionarios involucrados en actos de corrupción como el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y adquisición fraudulenta de los hospitales móviles para el manejo de la pandemia de la Covid-19, entre otros.
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